Por Héctor Parra Rodríguez
Después del incendio ocurrido en el corralón ubicado en el Municipio de Querétaro, Delegación de Santa Roja Jauregui –en el cual se quemaron varias docenas de vehículos- en el que albergan cientos de unidades que son detenidas por las autoridades de tránsito, sorpresivamente el Secretario de Administración del Municipio, echó culpas al gobierno del estado.
No se hizo esperar la contundente respuesta del mismo gobernador Francisco Domínguez, quien le espetó que no le anduviera mandando recados, que si necesitaba ayuda le tendría que llamar el presidente municipal. El mismo gobernador agregó que él fue presidente municipal y sabe cuál es la competencia del municipio y lo que sucede en la Capital, le corresponde al municipio.
Por supuesto que no hubo réplica del Secretario Manuel Velázquez Pegueros, simplemente asintió el regaño o llamada de atención del gobernador. Este funcionario responsabilizaba de inmediato a la Secretaría de Gobierno, sobre la competencia para conocer del incendio, dado que esta era la autoridad facultada para otorgar las concesiones de los corralones.
Y el mismo Secretario de Gobierno del Estado, Juan Martín Granados, abundó en el “regaño” al funcionario municipal, puntualizando las competencias de las autoridades, haciendo énfasis en que, las licencias para los giros comerciales las otorga el municipio –el uso de suelo- y el permiso para el depósito de las unidades infraccionadas por violaciones a la ley de tránsito, es competencia de la Secretaría a su cargo. Pero que revisarían el asunto puntualmente.
Tuvo que intervenir el gobernador y el Secretario de Gobierno, para poner orden en este asunto, ante la inexperiencia del imberbe funcionario municipal. Este último pudo justificar de mil maneras lo sucedido en el incendio de los vehículos depositados en el corralón, pero no echar culpas, sobre todo sin saber con acierto cómo esta funcionado ese corralón, el cual tiene varios años de prestar el servicio por medio de un particular que explota la “concesión o permiso” de almacenar las unidades automotrices.
Seguramente servirá de ejemplo este inesperado e indebido diferendo, para que en lo sucesivo cualquier otro servidor público, en lugar de echar culpas, primero se pongan de acuerdo las autoridades del ramo, armonicen los criterios jurídicos -y políticos incluso- y eviten lo que pareciera un desconcierto de opiniones, echando culpas en lugar de resolver problemas.
Todo indica que el asunto fue zanjado y cada autoridad estará atendiendo el pequeño incidente, dado que el mayor problema derivado del incendio de muchas unidades automotrices propiedad de los infraccionados, es del “concesionario o permisionario” y no de las autoridades. La reparación del daño correrá a cargo de quien explota el permiso y no de las autoridades, salvo que hubiese convenio de responsabilidad solidaria, lo cual parece imposible que exista esa cláusula en el convenio.
Ahora que, si el mismo “concesionario o permisionario” presenta denuncia, en caso de que el incendio haya sido intencional, será entonces competencia de la Procuraduría General de Justicia, investigar los hechos.
El problema se diversifica -lo anunció el mismo Secretario de Gobierno- con la revisión del convenio que suscribieron para otorgar la autorización; y el mismo municipio deberá hacer lo propio con el permiso de uso de suelo y demás requisitos que imponen a otros negocios, como el de protección civil. Así de sencillo es el asunto.