Por Héctor Parra Rodríguez
En el año de 1997, la LI Legislatura del Estado de Querétaro, reformó la Constitución Local, para que naciera el Ministerio Público autónomo. El Procurador sería nombrado por el Pleno de la Legislatura, sin embargo ante el inminente cambio de gobierno el expediente fue extraviado en las oficinas del Poder Ejecutivo y nunca se publicó la reforma.
A casi 20 años de distancia, el gobernador Francisco Domínguez Servién, envió a la Legislatura la iniciativa de ley que –una vez más- modificará la Constitución Local, para dar vida a aquella reforma que “misteriosamente desapareció”. Terminaba el gobierno de Enrique Burgos García -1991-1997- e iniciaba el de Ignacio Loyola Vera -1997-2003.
El autor de aquella iniciativa que reformó la Constitución Local, fue del joven diputado y expriista Arnulfo Moya Vargas. Son muchas las razones que se tejieron sobre la “misteriosa desaparición” de la reforma constitucional. Los intereses políticos de entonces eran evidentes, había perdido el PRI y por primera vez incursionaba el PAN. Todo indicaba que el gobierno burguista no deseaba dejar problemas a Ignacio Loyola, quien fuera el primer sorprendido en ganar las elecciones.
Los diputados a la LII Legislatura buscaron infructuosamente la iniciativa como moneda de cambio. Los diputados aliados con Fernando Ortiz Arana, perdedor de las elecciones, afanosamente pretendían negociar posiciones políticas. Sin embargo el PAN, junto con el Verde y el Autentico de la Revolución Mexicana, se quedaron con la mayoría simple; aún así permitió crear dificultades a Loyola con aquello de su toma de protesta como gobernador. Entonces empezaron las negociaciones y reyertas que dieron un giro de 380 grados, perdiendo pronto la mayoría parlamentaria del PAN.
Desde entonces han pasado por la Procuraduría General de Justicia los abogados Gustavo García Martínez, Jesús Lomelí Rojas, Julio Sentíes Laborde, Juan Granados Pérez, Arsenio Durán Becerra y hoy Alejandro Echeverría Corjeno, todos designados por el gobernador en turno.
Ahora con una mayoría simple del PAN y una dócil oposición, la reforma constitucional se teje pronto para aprobar la “fiscalía” autónoma. Lo que hoy es la Procuraduría General de Justicia pasará a ser una “Fiscalía autónoma”; el titular será propuesto por el gobernador de una terna y la Legislatura, por votación calificada elegirá al nuevo fiscal.
Las cosas resultarán novedosas a pesar de que se escamoteó esa creación desde hace 20 años. Hay otros temas sumamente delicados en los que se verá inmersa la nueva fiscalía y aun son una incógnita ¿Causales de despido o destitución del fiscal? ¿Cuántas y cuáles serán las causales? Seguramente solo por medio del Pleno de la Legislatura podrá destituirse, previo juicio donde sea oído y vencido el titular ¿Será necesario votación calificada o votación simple? La duración del cargo ¿Cuántos años? ¿Gozará de fuero?
Quien sea la o el nuevo titular de la Procuraduría, deberá ser un hombre o mujer con la experiencia no solo en el proceso de procuración de justicia, también de la administración de una estructura orgánica enorme, que conozca de administración dado que manejará un presupuesto público igual de enorme y con un poder casi imposible de contener. Debe ser pues, una persona con sensibilidad, calidad humana, sin egocentrismos que, dada la autonomía de funcionamiento de que gozará, al mando de cientos de hombres. Los panistas deberán de ser sumamente cuidadosos en la selección de la elección.
El nuevo Procurador ¿A quién le rendirá cuentas y cada cuándo? ¿Quién supervisará su trabajo, quién lo evaluará, quién lo podrá contener en caso de cualquier viso de autoritarismo y ose desbordarse? ¿Cuántos años estará en el cargo? ¿Podrá nombrar y remover libremente al personal de la procuraduría? Muchas preguntas quedarán pendientes. El asunto no es tan simple como parece. Hoy solo parece preocupar el nombre y no el hombre o mujer y eso es de suyo delicado.