Por Héctor Parra Rodríguez
De acuerdo al artículo 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los ministros religiosos de las iglesias tienen prohibido participar en asuntos políticos, ya sea de manera individual o colectiva. Sin embargo, poco les ha importado esta prohibición a muchos ministros de la iglesia católica y abiertamente hacen proselitismo político.
En cada proceso electoral es común escuchar a muchos sacerdotes hablar sobre sus preferencias políticas, inclinaciones que llevan al púlpito sin pena alguna, sabiendo que no les pasará nada; eso sí, conscientes de lo que hacen, influyen en la voluntad de los feligreses.
Siempre se ha asociado a los altos jerarcas –ministros- de la iglesia católica con los políticos del momento, incluso se confiesan con ellos -¿les dirán sus rapacerías?-. Algunos piden su apoyo y su “bendición” para participar en campañas electorales, a fin de conseguir la simpatía del electorado y hablen bien de ellos con la feligresía, vamos para lograr voluntades convertidas en votos. Es una especia de amasiato político.
En los pasadas campañas electorales desarrolladas en algunos estados de la República Mexicana, fue abierta y contumaz la participación de muchos ministros de culto religioso de la iglesia católica, en apoyo a candidatos de la “derecha”, como sucedió en Aguascalientes, en razón a que ambos –candidatos e iglesia- no están de acuerdo en dos de las propuestas presidenciales: los matrimonios entre personas del mismo sexo y el aumento del gramaje en el consumo de la marihuana. De tal suerte que en los momentos de la “homilía” –del discurso religioso- aprovechaban para promover el rechazo en contra de quienes promovieron estas iniciativas, o sea de los candidatos del PRI.
En nuestro estado caló esta anómala situación en el coordinador legislativo del PRI, quien declaró que habría que reconstruir agendas legislativas. Por supuesto que nadie de los jerarcas del PRI le hace caso, pero el mismo demuestra con sus afirmaciones que busca el apoyo y reconciliación de la iglesia católica y cómo no, si este legislador va en busca de otra posición política para el próximo proceso electoral, desde ya se perfila para ganarse la simpatía de la iglesia católica en Querétaro.
Este legislador local, Mauricio Ortiz, tiene la idea –como muchos- que el PRI perdió elecciones en la mayoría de los estados, entre otras causas por la inconstitucional participación de los ministros de la iglesia católica en asuntos eminentemente de naturaleza política, quienes hicieron proselitismo en pro de los candidatos del PAN. De ahí que él busca desligarse de las iniciativas del Presidente de la República, pretendiendo el “perdón espiritual”.
Buscando encontrar culpables de las derrotas, muchos se asustaron de esta abyecta participación de algunos ministros religiosos en asuntos políticos, en campañas electorales, en abierto proselitismo político en pro de candidatos del tiempo del oscurantismo que piensan como ellos, los eternos conservadores.
Este asunto de suyo es grave dado que atentan contra derechos humanos de terceros, de aquellos que no piensan como ellos, de preferencias distintas a la de los conservadores. Sin rubor alguno en las “homilías” los ministros de culto religioso han manifestado su abierto rechazo a estas dos iniciativas e inducido a la feligresía a brindarles su apoyo. Estas conductas llegan a grados homofóbicos asesinos como los acontecidos apenas en Orlando, Estados Unidos, en donde fueron asesinadas 50 personas en un antro “Gay”; a eso se llegado infundiendo el odio que promueven los opositores al liberalismo y al libre ejercicio de los derechos humanos.
A estos grupos radicales no les importa que se violen derechos humanos ni que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya avalado el libre ejercicio de ambos derechos, el de la libre preferencia sexual y el de consumir el enervante de la marihuana como libre esparcimiento. Los extremos son malos, en las pasadas elecciones se llegó a ello en las campañas electorales sin importar que hayan violado flagrantemente la Constitución Política, habiendo manifestado contumazmente sus preferencias –políticas- conservadoras que atentan contra los derechos humanos; y ellos, sin consecuencia legal alguna.