*Esperan respuesta del Gobierno de Pancho Domínguez e instituciones encargadas
Diversas organizaciones sociales exigieron al Gobierno de Francisco Domínguez así como las instituciones correspondientes manifiesten su postura a favor de los Derechos Humanos y garanticen que todas las personas podamos acceder a ellos, lo anterior debido a que una mujer fue ingresada a un centro de rehabilitación de adicciones engañada y en contra de su voluntad sólo por el “simple hecho” de ser lesbiana.
Al respecto, integrantes delas organizaciones: Tortillería Queretana, Frente Queretano por el Derecho a la No Discriminación y al Estado Laico y Porter Abogados manifestaron su indignación ante tal suceso.
“Nos indigna y entristece saber que en el estado aún ocurran fuertes violaciones a los Derechos Humanos de las personas no heterosexuales, como ocurrió con la joven mujer, mayor de edad, que fue ingresada a un centro de rehabilitación de adicciones engañada y en contra de su voluntad, situación conocida a través de redes sociales y medios de comunicación.
Asimismo aseguran que existe el testimonio de un testigo que la vio tres días después de su ingreso al anexo y a quien ella le pidió ayuda para contactar a su novia Andrea; al mismo testigo le dijo que fue llevada allí engañada y contra su voluntad, razón por la cual, el 7 de marzo de 2017, Andrea interpuso una queja en la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro; de ahí fue referida y acompañada a la Fiscalía del Estado a poner una denuncia ante las autoridades competentes por privación de la libertad, misma que está en curso.
Por tal motivo aseguran que existe el temor fundado de que la joven fue ingresada por ignorancia y por motivos “lesbofóbicos”, afirman.
“Ni la lesbiandad ni la homosexualidad son enfermedades, por tanto, no pueden ser tratados como tal en este tipo de centros de rehabilitación para adicciones ni en ningún otro lugar”.
Asimismo informaron que este caso ha permitido visibilizar que el internamiento en centros de rehabilitación de adicciones para “modificar” la orientación sexual es todavía una realidad en la sociedad queretana.
“En el transcurso de esta semana, hemos sabido de al menos cuatro casos más ocurridos en el área metropolitana, de ahí la urgencia de regular los anexos, para transparentar los protocolos de ingreso a ellos y evitar que las personas sean llevadas allí sin su consentimiento y por motivos ajenos a la rehabilitación de adicciones según las regulaciones de la OMS”.
Por todo lo anterior, los integrantes de dichas organizaciones exigieron:
- Que tanto el gobierno estatal como las instituciones correspondientes manifiesten su postura a favor de los Derechos Humanos y garanticen que todas las personas podamos acceder a ellos.
- Que brinden toda la información y acompañamiento necesario a Andrea y a cada una de las personas que han transitado por una situación similar, que se repare el daño a las víctimas de estos delitos y que no haya repetición de los mismos. Que esta sea una clara muestra del interés de construir una sociedad digna y justa para todas las personas sin importar su identidad sexo-genérica.
- Que se realicen campañas de respeto y sensibilización para lograr un cambio cultural, social e institucional. Es imperativo que madres y padres de familia, personal de salud y servidores públicos sepan que ser lesbiana, gay, bisexual, trans o intersexual NO ES UNA ENFERMEDAD, como ya lo declaró la Organización Mundial de la Salud (OMS) desde 1990 al eliminar la homosexualidad de su catálogo de enfermedades mentales. Por lo tanto, las «terapias de reorientación sexual» no tienen ningún sustento científico, y no respetar las distintas orientaciones e identidades sexuales significa una grave falta a nuestros derechos como seres humanos.
- Que se reconozca a nivel estatal el matrimonio igualitario, para proteger jurídicamente a todas las personas y familias que integramos familias lesbomaternales u homoparentales, parte de la sociedad queretana.
- Hacemos un enérgico llamado a la sociedad queretana a dar pasos hacia la urgente aceptación y respeto de la población LGBTTI, lo cual pasa necesariamente por reconocer la igualdad de derechos como ciudadanas y ciudadanos mexicanos, consagrados en el artículo 1 de la Constitución Mexicana, donde se prohíbe toda forma de discriminación.