*La información fue vertida por los fiscales correspondientes al caso durante una audiencia pública
En lo que fue una audiencia pública que dio inicio a las 8:25 horas de este martes, con la presencia de conocidos de la víctima y medios de comunicación, personal de la Fiscalía dio a conocer que, de acuerdo con la declaración tomada al ex inspector vinculado con la agresión efectuada al comerciante Arturo Rueda Zamora el pasado 9 de abril, al imputado se le ordenó contratar a 2 personas para amedrentar a la persona antes mencionada, situación de la que refirió “el alcalde ya tenía conocimiento”.
En esta audiencia los Fiscales correspondientes al caso narraron que de acuerdo con la declaración del ex servidor público detenido y partícipe de la audiencia, precisó que el ex director de Inspección, le marcó para girarle instrucciones de que contratara a dos personas para que agredieran al comerciante, lo que dio pie a que acudiera a la colonia la Piedad y ofreciera la cantidad de 4 mil pesos a cada uno a cambio de cumplir las acciones antes referidas, de tal forma que los traslado a la Avenida Ezequiel Montes, en donde supuestamente se realizaba una manifestación, proporcionándoles la fotografía del comerciante para que lo ubicaran y agredieran, toda vez que los trabajos de la obra tenían que continuar, al referir que la UNESCO acudiría a realizar la inspección correspondiente.
Posteriormente según señalaron los fiscales, el ex inspector detenido, se puso en contacto con su superior a quién le manifestó que sus instrucciones fueron atendidas, obteniendo como respuesta del mismo que no se preocuparan que “El alcalde tenía conocimiento del hecho”.
Ante esta situación El Director de Inspección, y su abogado consideraron como adecuado reservarse el derecho a declarar mientras continúan las investigaciones correspondientes, situación que dio pie a que el juez determinará como positivo el derecho a vinculación de proceso.
Por otra parte los fiscales, señalaron como pertinente, que se aplicara la prisión preventiva en contra del ex funcionario público, mientras se complementa la investigación, su solicitud fue de 60 días, petición que el juez consideró como excesiva otorgando simplemente 30 días.