A pesar de que es obligación de la Procuraduría Federal del Consumidor, recibir todas las quejas de los ciudadanos cuando exista incumplimiento o insatisfacción al momento de pagar por un servicio o producto, para Dalia Garrido, delegada de (PROFECO) el transporte público no entra en el catálogo de denuncias, toda vez que asegura que es un asunto que le compete directamente al Gobierno del Estado, aunque son particulares los propietarios de los camiones, y los beneficiados con las concesiones.
“De acuerdo a las facultades de la Procuraduría Federal del Consumidor, no nos corresponde verificar el tema del transporte público, es un tema exclusivo de Secretaria de Gobierno, nosotros no tenemos injerencia
Bajo el argumento de que el proyecto de transporte público, lo tomó el Gobierno del estado mediante un acuerdo que sostuvo con los concesionarios, la funcionaria federal en Querétaro, se deslindó que la dependencia que encabeza tenga injerencia en dicho asunto.
Lo anterior se le cuestionó a la servidora pública federal, ante las quejas recurrentes que han existido por parte de los usuarios del transporte público, las cuales se han virilizado a través de las redes sociales, en el sentido de que algunos operadores de distintas rutas no les respetan el uso de tarjetas de sistema de prepago, insuficiencia de unidades para atender la demanda ciudadana, así como el retraso de las mismas para brindar el servicio.
Respecto a las fallas mecánicas que han sufrido algunas de las unidades nuevas adquiridas por parte de los funcionarios con una empresa china, Dalia Garrido manifestó que existe la posibilidad de que la dependencia que encabeza pudiera dar seguimiento a dicho asunto, siempre y cuando se presentara la queja correspondiente.
“Hasta el momento no hemos tenido una queja en la Delegación sobre esos aspectos, si tenemos algo de acuerdo a la normatividad y procede lo sacamos, dependiendo la relación comercial”.