*La administración de Enrique Correa Sada en arcas de la Hacienda Pública, el flujo de efectivo que asciende a más de 510 millones de pesos
La administración municipal 2015-2018 entregará a la autoridad municipal entrante, un importe superior a los mil millones de pesos, que podrán ser utilizados en materia de inversión pública, proyectos o gastos operativos, lo que implica una transición constitucional que dejará registro histórico de las buenas prácticas gubernamentales, dio a conocer el secretario de Finanzas del Municipio de Querétaro, Rubén Álvarez Lacuma.
Adicionalmente a ese recurso, señaló que esta administración dejará en arcas de la Hacienda Pública, el flujo de efectivo que asciende a más de 510 millones de pesos, destinado a la ejecución de los diversos rubros del presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2018.
También dejará un fondo municipal por 30 millones de pesos, para la atención de contingencias, un fondo para la caída de ingresos futuros según lo dispuesto en la Ley de Disciplina Financiera, por más de 13 millones de pesos, y la creación de un fondo municipal por posibles reintegros de recursos federales, por 5 millones de pesos.
“Con esta referencia, se confirma que, derivado de los esfuerzos realizados durante la Administración Municipal 2015-2018 se registró una recaudación histórica al superar la administración anterior por un 83 por ciento, es decir, se tuvo un aumento de 4 mil 336 millones de pesos en ingresos propios”, explicó el funcionario.
Dijo que al cierre de esta administración, se ha dado cumplimiento al importe total estimado en ingresos propios, “es decir, de los 2 mil 311 millones de pesos, recaudamos alrededor de 3 mil millones de pesos, estimando que al cierre del ejercicio fiscal 2018 oscilarán estos ingresos propios entre 3 mil 700 millones de pesos y 4 mil millones de pesos”.
Entre las acciones relevantes que permitieron llegar a estos resultados y que colocaron al Municipio de Querétaro como el mejor calificado a nivel nacional por sus finanzas sanas, destacó la implementación de una reingeniería tributaria sustentable y una política fiscal sólida, amparada por esquemas constitucionales y la exploración de fuentes de ingresos, derivados de la propiedad inmobiliaria.