*Del 2003 a la fecha la violencia en el ámbito familiar contra las mujeres ha incrementado un 900%, siendo sus hogares los lugares más inseguros.
México. – En México, las mujeres salen todos los días con el miedo de convertirse en un letrero de se busca, una cifra más, una carpeta de investigación archivada, una nota periodística, una asesinada más.
Los medios de comunicación han fungido como agentes de socialización y fuente esencial de las representaciones en la sociedad, así como actores fundamentales en las exigencias de justicia, seguridad y respeto a los derechos humanos.
Recientemente hemos sido testigos de cómo determinados casos se han viralizado, obligando a las autoridades a realizar acciones contundentes para garantizar la justicia y seguridad de algunas mujeres; sin embargo, ¿qué sucede con los otros miles de casos de los que no se habla?, ¿qué pasa con las cientos de mujeres víctimas de violencias machistas invisibilizadas cuyos casos no están en las primeras planas de los medios?
Miles y miles de mujeres han sido asesinadas del 2019 a la fecha, el 90% de las mujeres huyeron de su hogar por ser víctimas de violencias machistas, siendo desplazadas de sus entidades y municipios por las violencias y muchas veces por la corrupción e impunidad.
Del 2003 a la fecha la violencia en el ámbito familiar contra las mujeres ha incrementado un 900% (OMS), siendo sus hogares los lugares más inseguros para estar, debido a que cohabitan con sus agresores.
Si sumamos a esto que, pareciera que las acciones del gobierno se rigen por la coyuntura y lo mediático, en lugar de las leyes y las violaciones a los derechos humanos, el acceso a la justicia depende al parecer de la coyuntura del caso y no de un proceso integral con enfoque de género y derechos humanos.
Existen miles de casos de transgresiones a derechos humanos perpetrados contra las mujeres que quedan ocultos. El Estado Mexicano no ha garantizado a todas las mujeres víctimas de violencias el acceso a la justicia pronta, expedita y con perspectiva de género. La seguridad integral y reparación del daño no deberían estar condicionadas.
Como el caso que no se hizo viral y refleja la terrible impunidad que debemos enfrentar las mujeres todos los días. La Secretaría de Marina (Semar) violentó el derecho de protección de datos personales de una trabajadora, la joven denunció acoso sexual por un compañero y la dependencia respondió publicando su dirección y otros datos.
La filtración de información que corresponde a la investigación es una violación a los derechos humanos de las mujeres cuyos casos se investigan y que tienen por efecto su victimización secundaria, violación a su privacidad y exposición a más agresiones. Básicamente a criminalización.
La respuesta del Estado mexicano es extremadamente limitada frente a la magnitud de las violencias contra las mujeres y es grave, vivimos en un país donde 7 de cada 10 mujeres son víctimas de alguna forma de violencia y 5 de cada 10 hombres violentan a mujeres.
En un país como México, en donde las violencias machistas se invisibilizan, naturalizan y culpabilizan a las mujeres de sus asesinatos y las violaciones a sus derechos humanos.
La impunidad impera y se imposibilita garantizar el acceso y ejercicio de los derechos de todas las mujeres.
Por lo tanto, los gobiernos deben garantizar el acceso universal a los servicios esenciales para la seguridad integral de todas las mujeres y la protección de sus derechos, como son los Refugios, contemplando sus centros de atención, sus casas de emergencia, casas de transición y los servicios para que toda mujer sobreviviente de violencias ejerza su ciudadanía: empleo, vivienda, sistema de cuidados, etcétera.
Es fundamental la implementación de medidas urgentes para prevenir los feminicidios, las muertes violentas, los homicidios y las desapariciones forzadas de mujeres, realizar las acciones necesarias para poner fin a la impunidad y garantizar que se juzgue con perspectiva de género todos los casos de violencias por razones de género, sin importar si son mediáticos o no.
El gobierno federal asincomo los estatales y municipales tienen una deuda pendiente con todas las mujeres, se requieren acciones contundentes y no simulaciones, urge garantizar a todas las mujeres nuestro derecho a la seguridad y salud integral.
¡Por el derecho de todas las mujeres a una vida libre de violencias, a residir en un país que no ponga en riesgo su seguridad integral por la escasez de políticas y presupuesto con perspectiva de género!